Ante la caída de los precios del petróleo, la Confederación Española de Agencias de Viajes solicita a las aerolíneas que recalculen la tasa YQ.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) ha reclamado por escrito a las principales aerolíneas la rebaja de los recargos por combustible (la denominada tasa YQ) ante la tendencia descendente de los precios del petróleo, que sitúan los mismos en su valor más bajo desde 2010.

Ante la caída de los precios, que prevén que pueda mantenerse en el futuro, la Confederación Española de Agencias de Viajes solicita a estas compañías que recalculen la tasa YQ, trasladando a los consumidores el ahorro de costes del transporte que conlleva el actual descenso de precios.

Todo ello, añaden desde Ceav, en correspondencia con los continuos incrementos de la denominada Tasa YQ que se han venido produciendo reiteradamente como reflejo del incremento del precio del combustible.

De momento, únicamente dos aerolíneas han remitido sus respuestas. Por un lado Binter, que no aplica dicha tasa en sus billetes, y por otro, Air Europa, que no tiene previsto su rebaja, al menos a corto plazo, alegando la desfavorable evolución del tipo de cambio del euro/dólar, sin que esta respuesta se considere satisfactoria por parte de Ceav. Además, Iberia está estudiando el tema, pero ni Vueling, ni Lufthansa, ni Air France/KLM han dado una respuesta.

Por otra parte, la CEAV ha criticado la decisión del Gobierno español de centralizar  los servicios de agencia de viajes para los 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y que sustituirá a los múltiples contratos existentes en la actualidad. A juicio de CEAV existe un importante riesgo de que este sistema convierta al sector en un oligopolio.

El nuevo contrato centralizado para agencias de viajes ascenderá a 171 millones de euros y supone un ahorro de 17,6 millones respecto al actual gasto destinado a todas las agencias de viajes que gestionan las distintas entidades públicas. Tendrá una duración de dos años con un año más de posible prórroga.