La Directiva 2006/123 Bolkestein lleva ya cuatro años de vida desde que entró en vigor en España

La Directiva 2006/123 Bolkestein lleva ya cuatro años de vida desde que entró en vigor en España para favorecer la libertad de establecimiento y de acceso a las actividades de servicios, y proteger al consumidor. Su reto es eliminar numerosas barreras burocráticas favoreciendo crear una empresa así como el libre establecimiento en la Unión Europea.

Concretamente para las agencias de viajes se nos suprimió las condiciones de capital mínimo, la obligación de constituirnos como persona jurídica y la exclusividad de la actividad. La directiva Bolkestein nos mantiene las fianzas establecidas en la Ley de Defensa de los Consumidores; y la suscripción del seguro de responsabilidad civil. Pero suprimió el informe favorable en materia de transporte para otorgarnos las autorizaciones como agencia de viajes.

El problema de la trasposición de la Directiva Bolkestein en España es la existencia de 17 interpretaciones y reglamentos diferentes establecidas por las autonomías. La cuantía de las fianzas exigidas o la posibilidad de constituir una fianza colectiva varían de forma importante los requisitos para la creación de una agencia de viajes según en qué parte de España. El importe de las pólizas de responsabilidad civil también es otro factor que fluctúa en algunas autonomías hasta doblar la media del resto de los territorios.

La directiva europea de liberalización de servicios posibilita a cualquier establecimiento la venta de productos turísticos sueltos, pero mantiene que sólo las agencias de viajes tenemos la exclusividad en la venta de viajes combinados.

Esta situación favorece la competencia desleal de personas que montan paquetes turísticos directamente sin asumir ningún tipo de garantías al quedar encubierto el responsable de la organización. Las denuncias por parte de las agencias de viajes a estas actuaciones de piratería suelen tener poco éxito dada la escasa cuantía de las sanciones.